Ley de Reconstrucción Nacional: claves para empresas e inversionistas extranjeros

El Congreso aprobó una de las reformas económicas más relevantes de los últimos años, con efectos directos sobre los impuestos de las empresas, la certeza para la inversión extranjera y los permisos de proyectos. A comienzos de agosto de 2026, las salas del Senado y de la Cámara de Diputados ratificaron el informe de la Comisión Mixta y despacharon el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (boletín N° 18.216-05), quedando en condiciones de ser promulgado. La iniciativa combina medidas de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios con una reforma tributaria e institucional de alcance general. En esta guía explicamos sus contenidos principales y qué significan, en concreto, para empresas e inversionistas.

1. Estado de tramitación: aprobada por el Congreso, pendiente de promulgación

Antes de revisar el contenido, una precisión importante: a la fecha de este artículo, el proyecto fue aprobado por el Congreso pero aún no ha sido promulgado ni publicado en el Diario Oficial, por lo que todavía no es ley vigente. Además, parlamentarios de oposición ingresaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra determinadas normas, cuyo resultado podría afectar partes del texto, y algunas disposiciones aprobadas sin el respaldo del Ejecutivo podrían ser objeto de veto presidencial.

En consecuencia, los contenidos que se describen a continuación corresponden al texto despachado por el Congreso y podrían experimentar ajustes antes de su entrada en vigencia. Actualizaremos esta guía cuando la ley sea publicada.

2. Rebaja del impuesto de primera categoría y reintegración del sistema

El corazón tributario de la reforma es la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23% para las empresas, acompañada del restablecimiento de la integración del sistema tributario, que permite utilizar como crédito el impuesto pagado por la empresa contra los impuestos finales de sus dueños.

Para las empresas, esto significa una carga tributaria menor sobre las utilidades y un cambio relevante en la planificación de retiros y distribuciones. La conveniencia de una u otra estructura societaria —y de cómo se organizan los flujos entre la empresa y sus dueños— puede variar con estas reglas, por lo que es un buen momento para revisar la estructura existente, como explicamos en nuestra guía de asesoría legal corporativa y desde nuestra área de derecho corporativo.

3. Invariabilidad tributaria: certeza para la inversión de gran escala

Una de las normas más comentadas es el estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas nacionales y extranjeros, que permite congelar el régimen tributario aplicable a un proyecto de inversión por plazos extensos, escalonados según el monto invertido: en el texto aprobado, del orden de 10 años para inversiones entre 50 y 100 millones de dólares, 15 años entre 100 y 350 millones, y 20 años sobre 350 millones.

Para el inversionista extranjero, esta figura recuerda —con diseño propio— la lógica del antiguo DL 600: reducir el riesgo regulatorio de proyectos de largo plazo, dando certeza sobre las reglas del juego al momento de decidir la inversión. Quien esté evaluando ingresar a Chile, o ampliar operaciones existentes, debiera considerar esta herramienta en la estructuración de su proyecto. Es una materia que trabajamos directamente desde nuestra práctica de inversión extranjera.

4. Permisos y evaluación ambiental: la agenda "anti-permisología"

La reforma incorpora un conjunto de medidas destinadas a reducir los tiempos y la incertidumbre en la tramitación de permisos de proyectos, entre ellas el acortamiento de los plazos de invalidación administrativa de permisos ya otorgados, la unificación de las vías de impugnación ambiental y reglas especiales para ciertos sectores. Se aprobó además una norma que contempla la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido rechazados mediante Resolución de Calificación Ambiental en determinados supuestos.

Para los desarrolladores inmobiliarios y de construcción, de energía y de otros proyectos intensivos en permisos, el efecto buscado es doble: acelerar la tramitación y reducir el riesgo de que un permiso otorgado sea posteriormente invalidado. La ejecución práctica de estos cambios —y cómo interactúan con los procedimientos en curso— requerirá un análisis caso a caso una vez publicada la ley.

5. Exención de contribuciones para mayores de 65 años

En el ámbito de las personas, la norma de mayor impacto masivo es la exención del pago de contribuciones (impuesto territorial) para las personas mayores de 65 años respecto de su vivienda principal, sujeta a requisitos como que se trate de su única propiedad, que coincida con su domicilio y la presentación de una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos. Fue también la norma que más discusión generó, por su costo para los municipios, y la última en resolverse en la Comisión Mixta mediante un mecanismo de compensación al Fondo Común Municipal.

Aunque es una medida orientada a personas naturales, tiene efectos en el mercado inmobiliario y en decisiones patrimoniales —por ejemplo, a nombre de quién conviene mantener una propiedad—. Para los extranjeros con propiedades en Chile, complementa el panorama que describimos en Comprar propiedad en Chile siendo extranjero.

6. Empleo: crédito tributario a la contratación y cambios al Sence

En materia laboral y de empleo, la reforma crea un crédito tributario vinculado a las remuneraciones, orientado a fomentar la contratación formal, e introduce modificaciones al sistema de capacitación (Sence). Para las empresas, esto abre una oportunidad concreta de optimización: el costo de contratar y capacitar trabajadores pasa a tener un tratamiento tributario más favorable, lo que conviene incorporar en la planificación de dotaciones para los próximos ejercicios.

7. Otras medidas relevantes: olvido financiero y pago a 30 días

El texto despachado incluye además el llamado "olvido financiero" —que limita el uso de información sobre deudas ya extinguidas o repactadas— y una norma que obliga a pagar a las pymes en un plazo máximo de 30 días. Ambas fueron incorporadas durante la tramitación sin el respaldo del Ejecutivo, por lo que existe la posibilidad de que sean objeto de veto antes de la promulgación. Si se mantienen, la regla de pago a 30 días tendrá un efecto directo sobre los contratos y las prácticas de pago entre empresas, y convendrá revisar las condiciones de contratación con proveedores y clientes.

8. Qué deberían hacer las empresas ahora

Aunque la ley aún no entra en vigencia, hay gestiones que conviene anticipar:

• Revisar la estructura societaria y la política de retiros a la luz de la rebaja de tasa y la reintegración, para capturar el beneficio desde su entrada en vigencia.

• Evaluar la invariabilidad tributaria en proyectos de inversión en carpeta, especialmente los de gran escala o con inversionistas extranjeros, considerando los tramos y plazos del nuevo estatuto.

• Mapear los permisos en tramitación y los proyectos con exposición ambiental, para aprovechar las nuevas reglas de plazos e impugnación.

• Revisar contratos y prácticas de pago con pymes, ante la eventual regla de 30 días.

• Monitorear la promulgación, el resultado de los requerimientos ante el Tribunal Constitucional y un eventual veto, que definirán el texto final y las fechas de vigencia.

Resumen: los puntos críticos

1. El proyecto fue aprobado por el Congreso a comienzos de agosto de 2026 y está pendiente de promulgación; hay requerimientos ante el Tribunal Constitucional y posibilidad de veto sobre normas específicas.

2. Rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23% y reintegración del sistema tributario.

3. Invariabilidad tributaria por 10, 15 o 20 años según el monto de la inversión, para dar certeza a proyectos de gran escala.

4. Reducción de la "permisología": plazos de invalidación más breves, impugnación ambiental unificada y restitución de gastos en ciertos rechazos de RCA.

5. Exención de contribuciones para mayores de 65 años en su vivienda principal, con compensación a los municipios.

6. Crédito tributario al empleo y cambios al Sence; olvido financiero y pago a pymes en 30 días, sujetos a eventual veto.

7. Las empresas pueden anticipar desde ya la revisión de estructuras, proyectos de inversión, permisos y contratos.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Reconstrucción Nacional

¿La Ley de Reconstrucción Nacional ya está vigente? No. El Congreso despachó el proyecto a comienzos de agosto de 2026, pero a la fecha de este artículo está pendiente de promulgación y publicación en el Diario Oficial. Además, existen requerimientos ante el Tribunal Constitucional y la posibilidad de veto sobre normas específicas, por lo que el texto final y sus fechas de vigencia se conocerán con la publicación.

¿En qué consiste la rebaja de impuestos para las empresas? El proyecto contempla la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%, junto con el restablecimiento de la integración del sistema tributario, que permite usar el impuesto pagado por la empresa como crédito contra los impuestos finales de sus dueños.

¿Qué es la invariabilidad tributaria y a quién beneficia? Es un estatuto que permite a inversionistas nacionales y extranjeros congelar el régimen tributario aplicable a un proyecto de inversión por plazos de 10, 15 o 20 años, según el monto invertido (desde 50 millones de dólares en el texto aprobado). Su objetivo es dar certeza jurídica a proyectos de gran escala y de largo plazo.

¿Qué cambia en materia de permisos y evaluación ambiental? El proyecto acorta los plazos para invalidar administrativamente permisos ya otorgados, unifica las vías de impugnación ambiental y contempla la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido rechazados mediante Resolución de Calificación Ambiental en ciertos supuestos, entre otras medidas destinadas a reducir la llamada "permisología".

¿Quiénes quedan exentos del pago de contribuciones? El texto aprobado exime del impuesto territorial a las personas mayores de 65 años respecto de su vivienda principal, sujeto a requisitos como que sea su única propiedad y la presentación de una declaración ante el SII. La entrada en vigencia y los detalles operativos quedarán definidos con la publicación de la ley.

¿Aplica la invariabilidad tributaria a inversionistas extranjeros? Sí. El estatuto está diseñado para inversionistas nacionales y extranjeros, y para estos últimos cumple una función similar a la que históricamente tuvo el DL 600: reducir el riesgo regulatorio al decidir una inversión de gran escala en Chile.

¿Qué deberían hacer las empresas mientras la ley no se publique? Anticiparse: revisar la estructura societaria y la política de retiros, evaluar la invariabilidad en proyectos de inversión en carpeta, mapear permisos en tramitación y revisar contratos con proveedores pymes, monitoreando la promulgación y el resultado de los requerimientos constitucionales.

En Varela Abogados asesoramos a empresas e inversionistas nacionales y extranjeros en la planificación y ejecución de sus proyectos en Chile, desde nuestras áreas de derecho corporativo e inversión extranjera. Si quieres evaluar cómo la nueva ley impacta a tu empresa o a tu proyecto de inversión, contáctanos para una consulta.

La información contenida en este artículo tiene un propósito exclusivamente informativo y de carácter general, y se refiere a un proyecto de ley aprobado por el Congreso que, a la fecha de su publicación, se encuentra pendiente de promulgación, por lo que su contenido definitivo puede variar. No constituye asesoría legal ni reemplaza la consulta con un abogado respecto de su situación particular. Para obtener orientación específica sobre su caso, le invitamos a contactar directamente a nuestro equipo.